La iniciativa busca reformar el artículo 9 para garantizar que los menores, con independencia de su nacionalidad, puedan acceder a los servicios educativos públicos
Pavel Juárez/ El Diario de Juárez
lunes, 01 mayo 2023 | 11:24Ciudad Juárez.- La bancada del Revolucionario Institucional (PRI) propondrá ante el Pleno del Congreso estatal modificar la Ley de Educación para obligar a las escuelas de la entidad aceptar a niños migrantes en clase.
La iniciativa busca reformar el artículo 9 para garantizar que los niños, con independencia de su nacionalidad, puedan acceder a los servicios educativos públicos, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el Sistema Educativo Nacional.
“En el caso de niños migrantes, la autoridad educativa deberá propiciar las condiciones necesarias para que puedan acceder a la educación, facilitando su acceso en cuestión administrativa, dado que por su condición de movilidad, les pudiera resultar imposible cumplir con los requisitos solicitados por las autoridades educativas”, expuso la diputada priista Georgina Zapata Lucero.
En su exposición de motivos, la legisladora apunta que las políticas de inmigración de Estados Unidos como la de Permanecer en México, que obliga a las personas a esperar en este país a que finalice su procedimiento de asilo en Estados Unidos, y el Título 42, que las expulsa de suelo estadounidense, han mantenido a muchas familias en el limbo y han afectado a la capacidad de los niños para integrarse y estudiar en México.
Además, la propuesta establece reformas en el artículo 10, en su inciso b BIS para que en los casos niños migrantes que, por su condición de movilidad, no tienen manera de hacerse de alguno de los documentos administrativos para acceder a la educación, determinará las salvedades administrativas para permitir puedan ser omitidos con su respectiva justificación.
La falta de información de los padres inmigrantes, además de la desinformación sobre lo que se requiere para matricularse, puede retrasar el acceso de los niños a la educación. La confusión de los administradores retrasa aún más la inscripción, consideró Zapata Lucero.